El mecanismo de Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación (🇷🇪🇩🇩+) en pocos años ha ganado respaldo institucional y presupuestal del Gobierno colombiano y de organismos multilaterales para su implementación. No obstante, el análisis revela que los actores de interés en el debate público de 🇷🇪🇩🇩+ como estrategia equitativa de conservación y uso de la biodiversidad están lejos de lograr un consenso sobre el tema y tienen diferentes niveles de apertura al diálogo. El reconocimiento de miradas culturales distintas (equidad intercultural), de derechos sobre el territorio y la autonomía y de las posibles disyuntivas son asuntos prioritarios para lograr un debate abierto sobre la (in)viabilidad y las condiciones de la estrategia.
INTRODUCCIÓN
En Colombia el mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (🇷🇪🇩🇩+) goza de gran consideración por parte de distintos actores, así como de disponibilidad de recursos para su regulación e implementación.1 El mercado voluntario de 🇷🇪🇩🇩+ se ha desplegado desde principios de esta década en Colombia, por ejemplo, a través del programa 🇧🇮🇴🇷🇪🇩🇩, operado por 🇺🇸🇦🇮🇩 y que cuenta con catorce proyectos en la región del Pacífico colombiano. Estos proyectos se rigen por el derecho privado, a través de los acuerdos entre las partes, y muchos tienen cláusulas de confidencialidad. Este análisis, sin embargo, aborda la discusión pública sobre la regulación de 🇷🇪🇩🇩+ en Colombia. El Gobierno nacional se encuentra en proceso de formular una estrategia nacional 🇷🇪🇩🇩+, con presupuesto y bajo las guías del Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques (🇫🇨🇵🇫) y de 🇴🇳🇺🇷🇪🇩🇩.
La idea de compensar las emisiones evitadas por deforestación en bosques tropicales nació como una medida de cambio climático, en el seno de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, dado que el Protocolo de Kioto no estimulaba evitar emisiones causadas por deforestación y por degradación de los bosques, aunque estas contribuyen en un 20% a las emisiones totales de carbono a la atmósfera.
Sin embargo, esta propuesta fue cuestionada por centrarse en el carbono y no contemplar los derechos de las comunidades, ni la biodiversidad. En la cop16 de Cancún el mecanismo quedó supeditado al cumplimiento de salvaguardas sociales y ambientales que contemplan, entre otros objetivos, la conservación de la biodiversidad y el respeto de las comunidades locales, de conformidad con las normas nacionales e internacionales que rigen en los países, lo cual incluye los derechos constitucionales de las comunidades al territorio, a la igualdad y a la participación, así como el respeto a los tratados ambientales y de derechos humanos ratificados.
Con lo anterior, REDD+ se ha posicionado como una estrategia que además de combatir el cambio climático, debería contribuir a la conservación de la biodiversidad y generar beneficios a las comunidades.
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