El Protocolo de Kyoto permite establecer asignaciones no homogéneas de derechos de emisión en el mercado de CO2. Ciñéndose a este espíritu, la propuesta de directiva europea deja discrecionalmente a los países miembros el rigor de la regulación, pero obliga a cumplir el acuerdo establecido por el Burden Sharing Agreement (BSA) para fijar los techos de emisión globales.
El asunto importante es saber si las asignaciones mal ajustadas pueden ocasionar cambios en la participación del mercado con consecuencias relevantes en su eficiencia, suponiendo siempre que la ineficiencia económica imputable a la asignación se produce entre empresas de similar grado de competitividad.
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