La corrupción en la defensa es mucho más que una cuestión moral. Los casos de corrupción impactan negativamente la eficiencia de los establecimientos de defensa, mientras que los presupuestos de defensa están bajo presiones cada vez mayores. Además, la corrupción sin control reduce el nivel de las capacidades de defensa, impacta la efectividad operacional de las fuerzas armadas y pone las vidas de los soldados en mayores riesgos. Reduce la posición de los militares en la sociedad y el nivel de respeto de los socios internacionales. En su manifestación extrema, la corrupción puede amenazar los mecanismos de gobernanza democrática e incluso los fundamentos de un Estado moderno.
La comprensión cada vez mayor de los problemas relacionados con la corrupción en el ámbito de la defensa condujo, entre otras cosas, a la puesta en marcha de la Iniciativa de Integridad en la Construcción de la OTAN en 2008. Su primera fase se centró en el desarrollo de un curso de capacitación, una herramienta de autoevaluación de la integridad de la defensa, y un compendio de buenas prácticas en la construcción de la integridad y la reducción de la corrupción en la defensa, publicado conjuntamente por la OTAN y el Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas (DCAF) [1].
Estos esfuerzos ayudaron a comprender mejor y a estructurar las áreas de las actividades de defensa con altos riesgos de corrupción, así como las razones específicas que aumentan los riesgos de corrupción en las actividades relacionadas con la defensa. No es sorprendente que la lista de las actividades más propensas a la corrupción incluyera:
- Políticas de personal y gestión.
- Presupuesto y gestión financiera de la defensa.
- Adquisiciones de defensa.
- Acuerdos de compensación.
- Subcontratación, privatización y asociaciones público-privadas.
- Utilización de sistemas, equipo e infraestructura de armas excedentes.
- Participación del personal de defensa en actividades económicas y, en general, en el funcionamiento de las empresas estatales de defensa.
- Subcontratación de servicios en operaciones militares en curso.
- Actividades de defensa en países con disputas territoriales no resueltas.
La búsqueda de buenas prácticas siguió un enfoque estratégico, elaborado por el Prof. Francois Melese, Director del Instituto de Gestión de Recursos de Defensa de la Escuela Naval de Posgrado de Monterey [2]. Combina la perspectiva ética con la económica y se basa en la obra ganadora del Premio Nobel de Gary Becker [3], aceptando que los funcionarios electos, los empleados militares y civiles, los contratistas y otros actores de la defensa son actores racionales que sopesan los costos y beneficios marginales antes de elegir involucrarse o no en un acto de corrupción.
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