La central hidroeléctrica Salvajina fue construida a mediados de la década de 1980 en la cuenca alta del río Cauca, entre los municipios de Suárez y Morales (Cauca), a partir de lo cual se han alterado las dinámicas socio-ecológicas de un territorio en el que habitan comunidades étnicas que han visto afectados sus derechos fundamentales desde el momento en que fue diseñada y construida, en un contexto en el que no existía el Convenio 169 de la OIT y que no se reconocía el derecho a la consulta previa en el ordenamiento legal colombiano. El caso constituye un ejemplo de racismo ambiental, así mismo, de los logros obtenidos a partir del creciente nivel organizativo de pueblos étnicos, como el afrodescendiente, el cual ha hecho uso de las herramientas legales para hacer exigibles los derechos vulnerados, logrando avances como el reconocimiento del derecho a la consulta previa con ocasión de la formulación y adopción del Plan de Manejo Ambiental para la operación y mantenimiento de la hidroeléctrica. El presente artículo recoge esta experiencia para relatar, no sólo los impactos negativos que se le atribuyen a la central, sino para destacar los logros que se desprenden de la organización social en la que los Consejos Comunitarios han desempeñado un rol importante, reivindicando el derecho propio como base para la conformación de espacios interculturales de decisión. Así, entre el balance dela operación de la central, el modelo detrás de la misma y las discusiones conceptuales en torno a las legalidades subalternas, se defienden otros modos de concebir el desarrollo que reconocen la integralidad y propenden por la defensa territorial como apuesta política para la permanencia, la incidencia social y como elemento de cohesión interna.
Introducción
La Salvajina es una central hidroeléctrica que opera en la cuenca alta del río Cauca, el segundo en importancia en Colombia. Su construcción, que concluye en 1985, se concibió como contribución al desarrollo en un contexto en el que se le asocia con generación de energía e intervenciones que faciliten el dinamismo de ciertos sectores económicos, como el de la agroindustria de la caña de azúcar. Sin embargo, la misma ha estado envuelta en conflictividades ambientales, debido a las afectaciones negativas sobre las dinámicas ecológicas del río y de diversos ecosistemas, con su correlato en la cultura de poblaciones históricamente asentadas en la región, como las comunidades afrodescendientes e indígenas.
La discusión no se reduce solamente a los impactos ambientales asociados, también involucra la contraposición de posiciones ontológicas que están en la raíz del conflicto, en la que la noción de desarrollo y las visiones de mundo se debaten entre la integralidad y la fragmentación, con predominio de la postura del Estado, caracterizada por segmentar la realidad, lo cual termina favoreciendo intereses particulares y negando los derechos de las comunidades y a la postre del país (Weitzner, 2017a, 2017b).
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