El derecho humano al agua debe contribuir a un cambio en la gestión y gobernanza del agua, principalmente en contextos como el colombiano, vulnerable al cambio climático y con altos índices de pobreza y conflictividad. Frente al tema, académicos y movimientos sociales han propuesto nuevas formas de abordar el contenido y alcance del derecho humano al agua que van desde la valoración de su carácter colectivo y común hasta democratización de la gestión del agua y las reflexiones sobre los derechos de la naturaleza. Este artículo tiene como objetivo central caracterizar algunos de esos nuevos enfoques del derecho humano al agua, analizar su reconocimiento y garantía en Colombia y con base en ello proponer un contenido normativo que permita integrar este derecho en la gestión de cuencas hidrográficas. Finalmente, concluye la importancia de reconocer el derecho humano al agua en la ordenación y manejo de cuencas, teniendo como base los criterios de gobernanza, gobernabilidad y soberanía.
Introducción
Existen diversos estudios que nutren las reflexiones sobre la necesidad de valorar nuevos contenidos del derecho humano al agua. Se destacan los aportes de Alex Loftus (Sultana y Loftus, 2014) y (Angel y Loftus, 2017), en los cuales se visibilizan las limitaciones del contenido normativo dado por la Observación General No. 15 de 2002 de las Naciones Unidas (2003). Describen la existencia de movimientos sociales que señalan la complejidad de la materialización del derecho al agua, pues se percibe más como un derecho individual que desatiende las injusticias económicas que permiten la continua violación de la dignidad básica de las personas:
El derecho al agua corre el riesgo de convertirse en un significante vacío, utilizado tanto por políticos progresistas como conservadores reunidos en un consenso pos político superficial que realmente hace poco por efectuar un cambio verdadero en la gobernanza del agua(Sultana y Loftus, 2014, p. 22).
Esta lectura del contexto de la gobernanza del agua se ha expandido en los últimos años, especialmente en países con altas tasas de inequidad como los latinoamericanos, en los cuales el acceso al agua potable y al saneamiento en las zonas rurales y las periferias urbanas se ha mercantilizado y ha trazado nuevos paisajes hídricos, ligados a la exclusión y la marginalidad, como lo menciona López (2016) en su investigación titulada “Paisajes hídricos urbanos en disputa: agua, poder y fragmentación en Medellín, Colombia”:
Los estratos socioeconómicos más bajos de la ciudad (Medellín) no solo son los más afectados por el incremento en las tarifas del agua, sino que también deben pagar una proporción relativamente alta de su ingreso mensual por cuentas de agua (alrededor del 30%) (López, 2016, p. 253).
Además de las condiciones sociales y económicas que son invisibilizadas desde la óptica tradicional del derecho humano al agua, existen aspectos ecológicos vinculados a la conservación y a la distribución de las cargas y los beneficios, que se aíslan de la fundamentalidad de este derecho, pasando a un segundo plano de garantía. Esto, bajo la perspectiva formalista podría ser aceptada, pues se valora que la fundamentalidad de un derecho se encuentra ligada al individuo y, por lo tanto, los bienes colectivos y comunes vinculados con este derecho son, en su generalidad, protegidos desde otros ámbitos, como es el caso de la gestión integrada los recursos hídricos y el denominado “derecho de aguas”. Pero, la complejidad del contexto colombiano y de los conflictos por el agua, invitan a repensar los modelos tradicionales y formalistas.
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