El impuesto al carbono se promociona como un instrumento de política ambiental útil para mitigar las emisiones equivalentes de carbono. Se considera que, con su adecuada aplicación, se puede contribuir a avanzar hacia la transición energética, por ser un instrumento que fomenta la inversión en infraestructura y tecnologías no contaminantes, como las energías eólica, solar y la demanda de vehículos híbridos y eléctricos. Después de la pandemia, la reactivación económica ha aumentado de manera significativa la demanda de energía a nivel mundial, lo que ha traído como consecuencia una subida de emisiones de carbono a un máximo histórico. Se espera que con la aplicación del impuesto al carbono se logren mitigar las emisiones e incentivar la migración hacia las energías limpias. A partir de una revisión de la literatura internacional, en el presente artículo se analizan los impactos económicos y ambientales de la aplicación del impuesto al carbono, especialmente, para los países desarrollados, donde han sido ampliamente documentados. Específicamente, se describen las características y resultados preliminares de la aplicación de este impuesto en Colombia.
INTRODUCCIÓN
La recurrencia, gravedad y los altísimos costos sociales y económicos de los daños derivados de los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el calentamiento global no dejan duda de que el mayor reto que afrontamos hoy como sociedad es el cambio climático (WWF, 2022a). Con la firma del Acuerdo de París en el año 2015, 196 países acordaron reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con el propósito de limitar el calentamiento global a una temperatura entre 1,5 °C a 2 °C por encima de los niveles preindustriales. Conferencias internacionales posteriores de cambio climático, como la COP 26 en Glasgow (2021) y la COP 27 llevada a cabo recientemente en Egipto (2022), han ratificado esta meta (WWF, 2022b).
En este sentido, los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea establecieron un ambicioso plan rector, llamado Pacto Verde, para avanzar hacia un cambio transformador de la economía y de la sociedad, que tiene como meta constituirse en la primera zona climáticamente neutra para el año 2050. Para lograrlo, los Estados deben reducir sus emisiones de GEI en al menos un 55 % respecto a los niveles de 1990, lo cual implica realizar importantes esfuerzos de inversiones e innovaciones tecnológicas en sectores estratégicos como la energía, el transporte y la construcción; y, lo más importante, avanzar con la mayor rapidez posible hacia una transición ecológica que ofrezca a la industria europea la oportunidad de crear mercados para tecnologías y productos limpios (Comisión Europea, 2021).
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