La actual situación geopolítica en Europa obliga a algunos países a modernizar el equipamiento y el armamento de sus ejércitos y a prepararse para responder a posibles amenazas. Resulta difícil evaluar la ventaja y la calidad de los vehículos logísticos militares que se van a adquirir cuando existen diferentes percepciones de la funcionalidad del producto entre los futuros usuarios y, en particular, cuando las herramientas de evaluación de la calidad no son perfectas y las herramientas de evaluación de la calidad disponibles y reglamentarias apenas se utilizan en los procedimientos de licitación. Este artículo presenta la metodología para la evaluación de vehículos logísticos militares en la contratación pública. La metodología propuesta permite comparar los vehículos logísticos militares en función de criterios económicos y técnicos y evaluar las necesidades de los distintos usuarios.
1. INTRODUCCIÓN
La contratación pública llevada a cabo por las autoridades públicas tiene por objeto adquirir bienes, servicios u obras del proveedor seleccionado mediante un procedimiento de licitación. El procedimiento de contratación es intrínsecamente complejo y requiere el conocimiento tanto del marco jurídico como del objeto que se va a adquirir, a fin de evitar litigios y adquirir el servicio, los bienes o la obra adecuados. La adquisición de material militar requiere una preparación muy cuidadosa de los pliegos de condiciones, ya que se trata de una adquisición a largo plazo y costosa. Por lo tanto, los pliegos de condiciones deben redactarse con sumo cuidado y por especialistas versados en la materia, y los propios procedimientos de licitación deben ser jurídicamente correctos y llevarse a cabo de conformidad con la ley que prevé y define las especificidades de la adquisición de dicho material [1] para que la adquisición de material militar no se vea perturbada por litigios. Hay que tener en cuenta que la adquisición tiene en cuenta muchos factores que a veces son muy difíciles de conciliar, y el resultado no es necesariamente de la máxima calidad. La compra no sólo debe ser de buena calidad, sino que también debe adquirirse como exige la ley, utilizando los fondos asignados de manera racional. El precio de la compra es de gran importancia, ya que es el criterio de evaluación dominante en la contratación pública. Aunque la ley también prevé herramientas de evaluación de la calidad en los procedimientos de contratación pública, todavía no se utilizan ampliamente. Esto se debe probablemente a las dudas sobre si la calidad puede evaluarse objetivamente. Sin embargo, Garvin sostiene que la calidad es un valor medible objetivamente que indica la conformidad de los parámetros de un objeto con unos requisitos predefinidos que satisfacen las necesidades del usuario [1]. Sin embargo, cuando hay más de un usuario y sus expectativas sobre la calidad y funcionalidad del objeto pueden diferir, el criterio de calidad se convierte en un reto particular para la contratación pública. Además, la evaluación de la compra sigue necesitando medir adecuadamente la relación calidad-precio, para no violar los principios, requisitos y objetivos establecidos por las leyes.
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