Durante la década de los noventa, Colombia y, en particular, la ciudad de Bogotá ha experimentado cambios en sus modelos de la gestión del recurso hídrico. En este artículo se calculó la huella hídrica de Bogotá para evaluar la incidencia de los cambios de modelo de gestión sobre el consumo del líquido y los vertimientos de aguas en la capital de la república. Como resultado, se obtuvo que la ciudad, entre 1993 y 2008, logró disminuir sus consumos en un 40% a pesar de su progresivo crecimiento y de que el decrecimiento de la presión sobre el recurso hídrico es una respuesta a los cambios administrativos, legislativos y culturales adelantados en Bogotá durante el periodo de tiempo mencionado. No obstante, el tema de manejo de vertimientos resultó ser un eslabón crítico, ya que la huella hídrica gris representa el 55,8% de la huella total de la capital, en la cual los aportes de vertimientos en la cuenca del río Tunjuelo resaltan como el mayor contaminante.
INTRODUCCIÓN
En la modernidad, el tema de la gestión del agua en Colombia ha estado influenciado por las dinámicas ocurridas en la América Latina en los años 90. En esta época, se sintió una profunda crisis en las instituciones estatales gestoras del agua, lo que demostró su insuficiencia económica, la cual, en conjunto con los elevados consumos del recurso hídrico, en consonancia con tarifas bajas y subsidios otorgados por el Estado, incentivó el uso irracional del agua en los sectores consumidores. Con el fin de enfrentar esta situación, la mayoría de los países de América Latina han cambiado su modelo de la gestión del recurso hídrico de lo estatal hacia la gestión privada, con elementos de control estatal y participación ciudadana. Colombia también siguió éstas dinámicas (Const., 1991), sustentando el nuevo modelo de la gestión del agua con el nuevo aparato legislativo y organizacional (Empresa de Acueducto de Bogotá [EAAB], 2003). Inicialmente, para responder a la necesidad de la reestructuración del sector del agua, se promulgó la Ley 142 de 1994, que abrió la posibilidad de la participación de las empresas privadas en la gestión del recurso hídrico. Como ente de control de regulación del servicio del agua y de la fijación de las tarifas, se creó la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (Ley 142, 1994, art. 69). Con el fin de vigilar e inspeccionar los servicios públicos, bajo la Ley 142 de 1994 se consolida la Superintendencia de los Servicios Públicos Domiciliarios que se adscribe al Ministerio de Desarrollo Económico (Artículo 76). Al estar en concordancia con uno de los principios fundamentales de la Constitución Nacional de 1991 (Const., 1991, art. 2), se creó el Comité de Desarrollo y Control Social (Congreso de la República, 1994).
Para crear un sistema autofinanciado de las empresas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, se crearon los conceptos bajo los cuales opera el nuevo modelo de la gestión del recurso hídrico: eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia (Ley 142, 1994) El sector legislativo respondió a la reestructuración de la institucionalidad, introduciendo cambios en el sistema del cobro por el uso del agua, las tasas retributivas y las propuestas en la definición de los límites máximos permisibles de los vertimientos a los cuerpos del agua.
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