Las políticas públicas de apoyo a las pequeñas empresas han surgido en Brasil en la década de 2000, teniendo como principales hitos el Estatuto de la Microempresa y de la Pequeña Empresa, publicado en diciembre de 2006 a través de la ley complementaria n.123 y su sucesora, la Ley Complementaria 128 de diciembre de 2008, que pasó a ser conocida como Ley del Microempresario Individual (MEI). Este trabajo aborda, como objeto de estudio, el proceso de implementación de este último instrumento legal en una espacialidad definida por el municipio de Araraquara. La estrategia metodológica utilizada fue una investigación cualitativa, planteada como un estudio de caso único de carácter exploratorio, empleando como instrumentos para la recolección de datos: tanto la investigación documental como las entrevistas con guiones estructurados. Los resultados mostraron que la dinámica impuesta por la implementación de la ley puede caracterizarse por frágiles vínculos y relaciones interorganizacionales basadas en la maximización de los intereses individuales, en detrimento de los intereses colectivos, que deberían ser perseguidos por las políticas públicas. Se verificó, en el análisis de los impactos y resultados directos e indirectos, que el gobierno local no estaba preparado para la ejecución de la política diseñada a nivel federal. Los agentes en el ámbito local proceden de manera de fragmentar la formalización en pequeños trozos, en los que cada uno de ellos actúa en su propio ámbito, sin interacción ni complementación; como consecuencia, el proceso de formalización se lleva a cabo siguiendo un orden jerárquico, lo que resulta en una implementación segmentada y fragmentada.
1. INTRODUCCIÓN
La política pública es reconocida como un instrumento fundamental adoptado por los gobiernos, buscando la realización del bienestar público (Halabí & Lussier, 2014). Spink (2013) argumenta que discutir políticas públicas para fomentar el emprendimiento en micro y pequeñas empresas en Brasil es, simultáneamente, una señal de esperanza y una señal de alerta. Una señal de esperanza, en el sentido de que el uso de la expresión "política pública" demuestra la expectativa de una acción gubernamental continua, técnicamente coherente y coordinada con la movilización de los recursos necesarios para producir impactos positivos en el asunto en cuestión. Una alerta, en el sentido de que el uso de la expresión -acompañada de pronunciamientos de autoridades, presentaciones, artículos de prensa y leyes- es a menudo el comienzo de un problema y no su final.
El signo de alerta se basa en el hecho de que toda política pública está sujeta a reinvención y reinterpretación de acuerdo con las prioridades y posibilidades de los responsables, la necesidad de recortes y el reordenamiento del gasto público, de tal manera que la implementación muchas veces se desvía mucho de lo previsto.
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