Introducción: la política farmacéutica colombiana estableció la prescripción adecuada de medicamentos como estrategia para contrarrestar el acceso inequitativo a los medicamentos y la deficiente calidad de la atención en salud. Objetivo: establecer restricciones al uso de medicamentos en un hospital de alta complejidad y medir el impacto económico, sin afectar la seguridad en la atención. Materiales y métodos: cada medicamento se evaluó de acuerdo a la inclusión en el plan de beneficios en salud (PBS), alternativas farmacológicas y uso en urgencias. Posteriormente se clasificaron según restricciones de prescripción: 1) libre prescripción, 2) urgente libre prescripción, 3) no urgente libre prescripción, 4) prescripción restringida y 5) prescripción inhabilitada. Se compararon 12 meses previos restricción con 33 meses posteriores restricción. Resultados: se incluyeron 1217 medicamentos. 56,5% incluidos en el PBS de libre prescripción, 22,4% no incluidos en el PBS de libre prescripción, 11,6% inhabilitados y 6,0% restringidos. Posterior a la restricción se observó una disminución de al menos 58.274 unidades farmacéuticas y $826.130.680 mensual. El mayor impacto fue para los medicamentos PBS, seguido de no PBS urgentes. Conclusión: establecer criterios de prescripción, permite disminuir el costo asociado al uso de medicamentos y hacer un uso racional de estos, sin afectar la seguridad.
Introducción
Los sistemas de salud tienen como principal objetivo desarrollar actividades para mejorar la salud, mediante la provisión de servicios, y la generación, financiación y gestión de recursos [1]. En Colombia, a través de la ley 100 de 1993 [2], se reguló el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), y modificada solo por la ley 1122 de 2007 [3], estableció tres regímenes de afiliación: 1) contributivo: aporte obligatorio para personas con capacidad de pago, 2) subsidiado: población de bajos recursos que se financia y prioriza a través de encuestas de focalización y 3) especial: fuerzas militares y magisterio. Las fuentes de financiación del sistema provienen principalmente del sistema general de participaciones (trasferencias nacionales, rentas, regalías, crédito, etc.), el Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA, administrador de los aportes de los usuarios del régimen contributivo) y la Empresa Territorial para la Salud (ETESA) (administradora de la explotación de los juegos de suerte y azar) [4].
Para el año 2017, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), informó que el 94,6% de la población colombiana estaba vinculada al SGSSS, 50% al régimen subsidiado y principalmente relacionado con áreas rurales.
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