La multifuncionalidad en la agricultura es considerada un objetivo legítimo de las políticas agrarias. No obstante, el debate para establecer la mejor forma de fomentar estas funciones en conjunto sigue abierto. Este artículo analiza la legitimidad de ayudas europeas a la agricultura desde una perspectiva local y bajo el argumento de la multifuncionalidad. Para este fin se escogió un caso de estudio del sector platanero en las Islas Canarias donde se realizó un estudio participativo con todos los agentes implicados. Los resultados muestran que las ayudas europeas al sector contribuyen a la consecución de objetivos sociales y ambientales. Sin embargo, se detecta la necesidad de concentrar mayores esfuerzos en la diferenciación de las producciones por calidad y fomentar la competitividad.
INTRODUCCIÓN
En el contexto de la creciente liberalización de los mercados mundiales, los países protegen y promueven su agricultura como un sector estratégico vital de sus economías (Segrelles, 2007; Dibden y Cocklin, 2009). Para ello, crean políticas de importación y exportación, o programas de ayuda interna, así como argumentos para justificar estas políticas, como el carácter multifuncional de la agricultura. Según la Organización Mundial del Comercio (🇼🇹🇴), la agricultura tiene otras funciones además de la producción de alimentos y fibras: una función medioambiental (protección del medio ambiente y conservación del paisaje), y una función social (empleo rural y seguridad alimentaria).
La multifuncionalidad de la agricultura no es un concepto universal, de hecho, el énfasis que se da a sus aspectos depende de los países y las organizaciones (Ollikainen & Lankoski, 2005). Para las instituciones europeas, el objetivo principal es preservar los entornos rurales dinámicos, especialmente en las zonas aisladas (Forge, 2000). Fue en 1997 cuando la agricultura multifuncional europea se convirtió en la base de la reforma de la Política Agrícola Común (🇨🇦🇵) (Comunidad Europea [🇨🇪], 1997; Díez & Trueba, 2007). En este contexto, la UE inició las negociaciones en la Ronda de Doha con la intención de defender la intervención pública en la agricultura, basándose en su carácter multifuncional (Dibden et al., 2009).
En este contexto, la UE inició las negociaciones en la Ronda de Doha con la intención de defender la intervención pública en la agricultura, basándose en su carácter multifuncional (Dibden et al., 2009). La versión oficial de la UE es que los criterios multifuncionales se incluyen en los dos pilares de la tapa: las ayudas a la agricultura y las medidas de desarrollo rural (Moyano y Garrido, 2007). Además, con la ecocondicionalidad introducida en la Reforma de 2003 (CE, 2003), el cap pasó a estar condicionado por la conservación del medio ambiente y el paisaje, y la producción de bienes para el conjunto de la sociedad (Díez & Trueba, 2007).
Incluso el marco liberal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reconoce la necesidad de integrar el carácter multifuncional en el proceso de liberalización de los mercados agrarios (Álvarez, 2003); sin embargo, no hay consenso sobre los aspectos y métodos incluidos en este concepto.
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