Como consecuencia de su riqueza y diversidad ecológica y cultural, muchos países Latinoamericanos sufren de la explotación de sus recursos naturales y de conflictos ambientales. Estos problemas son el resultado de muchos factores interconectados: cosmovisiones divergentes sobre la tierra y el territorio y los intereses competitivos derivados de ellas (la tierra y la naturaleza de la vida con un significado simbólico versus la tierra y sus recursos con un significado de mercancía),múltiples sistemas jurídicos (pluralismo jurídico), distintas relaciones sociales y estrategias y tecnologías divergentes para transformar la naturaleza. En Colombia, entre otros países, estos factores son en gran medida responsables de la emergencia e intensificación del uso insostenible de recursos naturales, por ejemplo, por el aumento de actividades extractivistas como la minería y las prácticas agrícolas al estilo de la revolución verde, ambas privilegiadas en el actual modelo convencional y neoliberal de desarrollo, con graves consecuencias sobre el del medio ambiente, tanto biofísico o natural como cultural (simbólico, social, económico, político y tecnológico). Las estrategias para resolver estos problemas requieren una reflexión crítica del papel de la educación superior y, en particular, de la educación ambiental, junto con sus fundamentos epistémicos que representan diversos planteamientos desde la ecología, el desarrollo y el medio ambiente. Asumimos que la educación superior y ambiental son aspectos claves, agentes políticos y protagonistas para el fortalecimiento de ideologías e intereses que tendrían que ser diversificados para aumentar la participación política y disminuir las desigualdades sociales.
Introducción
Colombia es un ejemplo de un país en el que las desigualdades sociales están profundamente arraigadas con ciertos modelos de desarrollo, derechos territoriales, uso de la tierra, acceso a la tierra, extracción de recursos naturales y diversas formas de violencia relacionadas, reproduciendo así desigualdades y conflictos estructurales (Fajardo, 2014; Rodríguez y Sur, 2017). El prolongado conflicto armado entre varios gobiernos colombianos que se inició a mediados de la década de 1960 y diferentes grupos guerrilleros como las FAR-CEP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) entre otros, muestra los vínculos entre el conflicto armado y las desigualdades históricamente derivadas del acceso a la tierra y la distribución territorial (Alvarado et al. , 2016). En Colombia, esta relación ha dado lugar a la explotación y destrucción del medio ambiente, a la expropiación de tierras (acaparamiento de tierras) y al desplazamiento continuo de la población rural. Actualmente, Colombia enfrenta un desafío histórico único con el ‘posconflicto‘ (posacuerdo), porque el acuerdo de paz con las FARC parece poner fin al conflicto armado, al menos en lo que respecta a este grupo armado de la insurgencia política (porque todavía existen otros sectores violentos que están vinculados a procesos de tráfico ilegal de narcóticos y disputa territorial). Además, las cuestiones de equidad social y el mejoramiento de la educación parecen desempeñar un papel crucial y reconocido para una convivencia estable y pacífica. Las prácticas agroecológicas y las formas de utilización y protección de los recursos naturales son temas de educación ambiental ( Johnson y Mappin, 2009), que cada vez tienen más importancia para asegurar una paz sostenible en Colombia.
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