La amenaza potencial del uso de agentes biológicos contra la aviación civil es cada vez más real si se tiene en cuenta el impacto devastador de la Enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19) en las operaciones de la aviación civil mundial. Aunque varios gobiernos están haciendo un esfuerzo concertado para desarrollar la preparación y la respuesta en materia de biodefensa contra cualquier posible ataque de biorriesgo. Por otro lado, no se puede decir mucho sobre la preparación de Nigeria para combatir estas potenciales amenazas. Este artículo examina las amenazas biológicas contra la aviación civil y la preparación de Nigeria en materia de biodefensa para responder a las amenazas contra sus operaciones de aviación civil, y ofrece recomendaciones sobre el camino a seguir de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.
INTRODUCCIÓN
Recientemente se han intensificado las amenazas a la aviación civil por parte de terroristas y otros actos de interferencia ilícita[1], lo que ha obligado a la comunidad internacional a desarrollar regímenes jurídicos y normativos para combatir las amenazas a la aviación civil.
Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, a instancias de los Estados Unidos de América (EE.UU.), la comunidad internacional se reunió en una convención celebrada en Chicago para diseñar un instrumento jurídico eficaz que rigiera la aviación civil internacional[2]. La reunión, celebrada en 1944, desembocó en la adopción del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (también conocido como Convenio de Chicago) por cincuenta y dos (52) de los cincuenta y cuatro (54) Estados invitados. A partir de entonces, se creó la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), cuyo objetivo era facilitar la seguridad y el orden en la navegación del transporte aéreo comercial y proporcionar normas uniformes en todos los ámbitos[3,4].
La OACI, organismo especializado de las Naciones Unidas (ONU), era responsable de coordinar los viajes internacionales[2] y facilitar la seguridad y la navegación de la aviación civil internacional, así como de proporcionar normas uniformes a través de las fronteras[5]. Desarrolla las medidas jurídicas (en forma de convenios multilaterales, declaraciones y resoluciones) y técnicas (en forma de Normas y Prácticas Recomendadas [SARP] y el Programa Universal de Auditoría de la Seguridad [USAP]) para combatir y prevenir los actos intencionados contra la aviación civil.
Sin embargo, el Convenio de Chicago no contenía ninguna declaración explícita relativa a la interferencia ilícita[2], ya que los Estados contratantes primarios eran, en aquel momento, los principales responsables de desarrollar la aviación civil internacional de forma segura y buena, estableciendo servicios de transporte aéreo internacional sobre la base de la igualdad de oportunidades, así como explotando los servicios de forma pacífica y económica[6].
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