Las áreas naturales bajo régimen de protección han sido consideradas lugares con limitada participación comunitaria, especialmente en Latinoamérica, donde son evidentes los niveles de marginación y desigualdad. Los proyectos de geoparques fungen como alternativas vinculantes entre la sociedad y el patrimonio natural con base en las áreas protegidas ya existentes. En tal virtud, se levantó información social por medio de encuestas y observación directa en ocho territorios de cuatro países latinoamericanos: Brasil, Chile, Ecuador y México, con el propósito de examinar las condiciones de participación y percepción comunitaria. Los resultados muestran una similitud en los aspectos estimados para geoparques y áreas naturales protegidas (ANP) con respecto al fondo social. No obstante, se perciben temas como las motivaciones, la comunicación y la información que deben ser trabajados de manera intensiva para mejorar la participación y, a su vez, la percepción de las comunidades locales.
INTRODUCCIÓN
Desde su creación a finales del siglo XIX, las ANP se han considerado las estructuras de conservación más efectivas y extendidas en el planeta (Durand, 2010). Muchos de estos sitios se implementaron bajo un principio de exclusión, abandono de las relaciones o vínculos sociales, que se expresaban con restricciones y ausencia o limitación de vida humana y de sus actividades productivas (Rivas, 2006; Sánchez, 2011a), es decir, regidas por las dinámicas de los procesos naturales por fuera de las relaciones sociales. Esto, de alguna forma, deja de lado el verdadero sentido de la naturaleza y sus vínculos entre los diversos componentes, modifica los fenómenos y transforma las relaciones (Toledo, 2005).
Es necesario partir de la premisa de que los territorios guardan íntimas relaciones con la sociedad y su economía y, además, son el sustento de los elementos que se articulan para formar las identidades culturales (Leff, 2005). Así, también, son objeto de políticas que afectan directamente a las comunidades que dependen de dicho espacio (Vázquez Roca, 2010), incluso aquellas poblaciones humanas que tradicionalmente han habitado en las áreas naturales protegidas se consideraron amenazas para el equilibrio natural y fueron excluidas o expulsadas (Langton, Ma Rhea y Palmer, 2005).
Desde esta perspectiva, se complica el hecho de que las comunidades locales puedan participar o tomar decisiones sobre el manejo de los recursos naturales que les han sido limitados o apartado de sus alcances (Daim et al., 2012), tomando como partida que la participación social se encuentra estrechamente ligada al ejercicio de la democracia, acceso a la toma de decisiones y distribución de riqueza y poder, lo cual no se observa en un territorio bajo la denominación de ANP manejado por agentes externos (Rivas, López, Mosquera y Granizo, 2006).
Al conjugar los factores antes mencionados y la multiplicidad de matices existentes en relación con estas realidades, se obtiene como eminente resultado una percepción negativa de los territorios bajo protección genérica o específica (Man and the Biosphere Programme [MAB]-Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco], 1978).
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