La escasa articulación de instrumentos de política ambiental y económica ha llevado a acciones aisladas y fragmentadas en la gestión de la biodiversidad (BD) y los servicios ecosistémicos (SE) en Colombia. Por ello, su oportuna inclusión en la formulación de diferentes instrumentos de política ambiental (regulatorios, económicos, de información, entre otros) se ha limitado a las políticas de desarrollo económico. En consecuencia, estos instrumentos han incentivado una visión parcial del uso del suelo de orden productivo, competitivo y de mercado que influye en la gestión integral de la BD y los SE, la cual es vista como un proceso de construcción colectiva y como el resultado de acciones de conocimiento e información, uso sostenible, restauración y protección. Herramientas como la generación de acuerdos voluntarios entre sectores productivos a partir de criterios ambientales, con el fin de implementar sinergias entre actores y los mecanismos de política (como las licencias ambientales), las compensaciones por pérdida de biodiversidad, y el pago por servicios ambientales, son todavía escenarios en construcción.
Introducción
La falta de concertación entre actores en relación con las decisiones públicas sobre las causas de la pérdida de la biodiversidad (BD) y los servicios ecosistémicos (SE), representa importantes costos ambientales (económicos, sociales y físicobióticos) para su adecuada gestión (Millenium Ecosystem Assessment MEA 2005). Por tal razón, la asignación no oportuna de costos por la pérdida de la BD y los SE ha llevado al país al cumplimiento parcial de lo ratificado por las partes del Convenio de Diversidad Biológica (Convention on Biological Diversity -CBD).
Asimismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS 2012) reconoce importantes limitaciones por el desbalance entre la demanda y la oferta de la BD y los SE. Esto es principalmente el resultado de los siguientes factores: 1) la incompatibilidad en las decisiones en el uso del suelo; 2) la no incorporación de acciones de gestión ambiental; y 3) la no armonización de decisiones de política sectorial con procesos de desarrollo territorial (MADS 2012). En este contexto, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (OECD y ECLAC 2014), en la evaluación del desempeño ambiental de Colombia, recalcan que el mayor desafío para el país es incorporar de manera estratégica el valor de la biodiversidad en las decisiones sectoriales como soporte fundamental en la continuidad de su desarrollo económico.
A su vez, el CBD (2012) resalta que uno de los principales aspectos necesarios para eliminar las causas subyacentes de la pérdida de la diversidad biológica es superar las restricciones de política, tal como la reducción de incentivos perjudiciales respecto al uso de agroquímicos en la actividad agropecuaria o la contaminación (por ejemplo) o la asignación parcial de valores a los servicios ecosistémicos. A pesar de la existencia de estos lineamientos internacionales, en Colombia los instrumentos o incentivos presentan importantes limitaciones para garantizar de manera efectiva la sostenibilidad de la BD y los SE. Igualmente, la implementación de instrumentos de política ambiental presenta restricciones para su adecuado desarrollo: las tasas por uso, tasas de vertimientos y licencias no han logrado incluir de manera estratégica los procesos y funciones de los ecosistemas que garantizan la oferta continua de la BD y los SE. De acuerdo con lo expresado anteriormente, el valor público de la BD y los SE todavía no hace parte de la toma de decisiones públicas y privadas de los diferentes actores del territorio colombiano.
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