Este artículo destaca los resultados del estudio "Evaluación comparativa de soluciones técnico-económicas para sistemas internos de vivienda tradicional y sostenible de bajo consumo energético: estudio de caso", realizado en la Pontificia Universidad Javeriana Cali entre 2019 y 2021. Centrado en la comunidad de Buenaventura, en el Valle del Cauca, caracterizada por altos niveles de pobreza y viviendas inadecuadas, el estudio pretende mostrar la factibilidad técnica y la viabilidad económica de la vivienda social sostenible. La casa MINGA, ganadora del Solar Decathlon 2019, sirve como base para rediseñar los sistemas de abastecimiento de agua, aguas residuales y electricidad. Los resultados presentan elementos alternativos para sistemas de redes de bajo consumo, enfatizando la factibilidad de implementar dichos sistemas en viviendas de interés social, particularmente en la comunidad Bajamar de Buenaventura. Sin embargo, se observa una limitación ya que el diseño del sistema se centra en viviendas de un solo nivel.
1. INTRODUCCIÓN
El sector de la construcción desempeña un papel importante en la economía de los países [1]. Por este motivo, debido al rápido crecimiento de la población, existe una demanda de viviendas, lo que conlleva importantes impactos medioambientales negativos generados principalmente por el con-sumo de combustibles fósiles [2]. Debido al consumo de energía, que se espera que alcance los 820 billones de kJ en 2040 [3], así como al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero [4] como consecuencia del tratamiento de las aguas residuales, se están provocando importantes impactos ambientales negativos [5]. Según Shrestha y Mulepati [6], el uso del aire acondicionado en los edificios ha aumentado un 15% y el consumo de energía un 2%, en menos de una década [6]. Se puede afirmar que el consumo de energía ha aumentado exponencialmente desde la revolución industrial [7].
Se han realizado numerosos estudios para identificar materiales de construcción alternativos, incluyendo el uso de materiales locales [8] que contribuyan a mitigar los impactos ambientales durante la construcción y operación de los proyectos de vivienda [2], y mejoren las condiciones bioclimáticas de los espacios residenciales. De esta forma, como respuesta al derecho humano a una vivienda digna [9] con equipamiento urbano adecuado y construcción de alto estándar [10], el terreno sobre el que se desarrolla el proyecto se convierte en un activo financiero [11], satisfaciendo una necesidad básica de las personas [9] [12].
En América Latina, alrededor del 60% de la población vive en asentamientos informales, a menudo en viviendas construidas con materiales de baja calidad, donde la cobertura de los servicios públicos es deficiente [13]. Esta situación pone en riesgo a los residentes de estas viviendas y se ha convertido en un problema en el que también están inmersas varias comunidades de Colombia.
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