Semillas nativas. Fuente Flickr

Vida (primera siembra). Foto Erwin Brevis, Flickr

Aunque hay una expansión del sistema de semillas colombiano, especialmente de las certificadas, no hay reconocimiento ni vinculación efectiva de las que producen los pequeños agricultores, quienes aportarían un 66,3 % a la producción de alimentos del país.

Así lo demuestra una investigación realizada en la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, mediante la cual se revisaron los sistemas formal y tradicional de producción de semillas en Guatemala, Perú, Brasil y Colombia.

El sector formal produce alimentos a gran escala en extensas zonas de cultivos tecnificados y genera altos índices de productividad, se nutre con semillas certificadas y en los últimos años viene incorporando los cultivares modificados genéticamente, que se logran en los laboratorios de investigación de entidades nacionales o internacionales.

Por su parte, el sector tradicional o familiar es el de las fincas o pequeñas unidades productivas campesinas que generan diversos tipos de cultivos (pancoger), de los cuales los agricultores conservan diversas semillas autóctonas.

La evaluación se cumplió a través del trabajo de maestría “Análisis de sistemas de semillas de países en América Latina”, de la estudiante de Ciencias Biológicas en la línea de investigación de Recursos Fitogenéticos Neotropicales, Wendy Catalina Arenas.

Dicho trabajo fue realizado gracias a Biodiversity International, un programa del CGIAR (Consultative Group for International Agricultural Research), alianza mundial que busca reducir la pobreza rural y aumentar la seguridad alimentaria, así como mejorar la salud y la nutrición humana.

Lo mejor de la cosecha

Por Resolución 3168 de 2015 del Instituto Colombiano Agropecuario, comenta la investigadora, “los agricultores tienen derecho a guardar semillas de la cosecha anterior para usarlas en una nueva siembra, pero con algunas restricciones, como que sea para uso personal, en el mismo lote de producción y en una cantidad determinada”.

Así mismo, los agricultores del sistema formal deben asumir el compromiso con la ley, dado que las empresas productoras de semillas también “actúan bajo un marco legal que regula sus actividades de producción y comercialización; además, deben tener permisos, infraestructura y, lo más importante, inversión en investigación, tecnología y desarrollo. Esto implica un costo que ellos recuperan al comercializar el producto”, menciona la experta.

En su trabajo, ella encuentra que si los agricultores reemplazaran algunas de sus semillas autóctonas por las mejoradas y certificadas, que obtienen legalmente y a costos accesibles en mercados formales, e incluso hasta subsidiadas por el Estado, se lograrían mayores impactos productivos, que a su vez contribuirían a crear un ambiente mejor y más sostenible en el campo.

No obstante, considera que desde la otra orilla, es decir, desde las entidades oficiales, además del sector privado, persiste el error de evidenciar sólo las dinámicas formales y los impactos de la piratería que afectan el sector: “Hace falta el reconocimiento de los sistemas tradicionales, sus dinámicas y, sobre todo, los aportes al sistema nacional de semillas”, sostiene.

En otros países

Como ejemplo ideal de manejo integral del sistema de semillas, en el estudio adelantado por Arenas se evidencia la situación de Brasil, que se caracteriza por una producción de granos industrializada y certificada para la mayoría de cultivos; adicionalmente, se destaca la inversión en investigación, tecnología y desarrollo que facilita la Empresa Brasilera de Investigación Agrícola Embrapa.

En el país vecino también sobresale la capacitación a las agremiaciones de productores, al igual que las alianzas público–privadas para fortalecer la pequeña agricultura como estrategia de abastecimiento de alimentos a nivel nacional.

Para el caso de Guatemala, se presenta un sistema de semillas emergente caracterizado por depender especialmente de la producción y financiación del Estado. Además, cuenta con programas de incentivos a la producción artesanal de alta calidad. La idea es que estas comunidades puedan suplir su propia demanda con permisos oficiales, señala el estudio.

En el caso de Perú, se evidencian dos tipos de desarrollo en los sistemas de semillas: por un lado, hay un sector muy consolidado hacia la zona costera del país, donde hay mayores recursos y tierras con mejor vocación agrícola; en dicho país se cuenta con empresas productoras y un mayor uso de semillas certificadas. Por otro lado, la zona andina peruana presenta sistemas de semillas más tradicionales, aunque estas tierras son difíciles para la agricultura porque son valles interandinos en donde el acceso al agua es complejo y la mayoría de su población es campesina indígena, con pocos recursos para potenciar sus cultivos.

Además, los índices de uso de semilla certificada en Perú son muy bajos, pero en general los agricultores siguen prácticas culturales adecuadas para obtener sus propios granos. Se destaca esta faceta dentro de la agricultura familiar, porque incentiva la producción agrícola andina desde la legislación del país para cultivos de quinua, papa, maca (tubérculo andino), etc. “El gobierno del Perú se ha preocupado, además, por el reconocimiento y apoyo a la agricultura familiar campesina”, agrega la estudiante Arenas.

Entre tanto, Colombia cuenta con un sistema de semillas en estado de expansión que se caracteriza por mayor inversión en desarrollo, tecnología e innovación, aumento de uso de granos certificados y mayor participación de empresas semilleras.

Sin embargo, el país todavía registra una alta participación de sistemas tradicionales de semillas para algunos de sus cultivos, de ahí que dependa de los pequeños productores para casi todo el abastecimiento interno de alimentos.

Además, Colombia “sólo usa el 4% de su territorio en la agricultura. Esto le confiere un gran potencial agrícola no explotado en producción de semillas para uso interno y hasta para abastecer toda la región de América Latina y el Caribe”, añade la experta.

Su propuesta radica en establecer un sistema de semillas a partir de relaciones entre los actores sociales (agricultor, consumidor, empresas, Estado, gobierno, Academia, etc.) para hacer que los ciclos de producción sean rentables, productivos y exitosos. Tal sistema permite un acompañamiento al agricultor en decisiones cruciales como qué y cuándo sembrar, con quién comercializar las semillas y para qué cliente.

En este sentido, la estudiante Arenas plantea la necesidad de orientar a los agricultores y consumidores para que no vean el mercado importado por multinacionales como un “terror del sistema”, sino que comprendan que éste incorpora tecnología innovadora para mejorar rendimientos y productividad en el campo, lo cual tiene un costo que se refleja en los precios finales.

Según el ICA, el 85 % de la semilla certificada que se comercializa en Colombia es nacional y solo el 15 %, que se concentra en algodón y maíz, son extranjeras.

De otro lado, para el desarrollo de su proyecto, la alumna de la UN Sede Palmira implementó una encuesta dirigida a tres tipos de actores de los sistemas: quienes toman decisiones, empresas de semillas con énfasis en comercialización y agricultores.

Las encuestas fueron realizadas durante el Taller de Fortalecimiento de los Sistemas de Semillas de América Latina, realizado en Santa Cruz de La Sierra (Bolivia), en agosto del 2012; además, se contó con documentación y asesoramiento de expertos en el tema, como Silmar Peske, de la Universidad Federal de Pelotas, en Brasil.