Imagen | Kilian Karger

El 5 de diciembre de 2013, el Consejo de la Unión Europea aprobó una directiva "para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes" y dio un plazo de cinco años a los estados miembros para que adoptaran "todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas" que fueran necesarias.

Acto seguido, España cogió la directiva y la metió en un cajón.

Y allí estuvo una década... Al menos, una parte muy sustantiva de ella: la elaboración de un inventario de zonas contaminadas radiológicamente que permita gestionar los riesgos relacionados.

Eso hizo que el 7 de septiembre de 2023, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiró de las orejas al Gobierno de España. Especialmente, por un puñado de artículos (100-102) que tratan de garantizar la "adecuada gestión de situaciones de exposición [radiactiva] existentes": no solo no se había aprobado "un reglamento sobre suelos o terrenos contaminados radiológicamente", sino que ni siquiera estaba previsto hacerse a corto plazo.

No es que fuera un problema nuevo. Ya en 2018, el Consejo de Seguridad Nuclear admitió oficialmente que había seis áreas contaminadas por la radiación en España, pero no estaban "oficialmente declaradas" porque no existía un catálogo de zonas afectadas. Esta admisión la realizó diez años después de que se aprobara una norma que obligaba a elaborar ese catálogo. Así están las cosas.

O, mejor dicho, estaban. Porque, como explica Manuel Planelles, la semana pasada y oculto en un reglamento sobre instalaciones nucleares, el Ministerio para la Transición Energética publicó una disposición adicional que establecía que el mismo Ministerio "elaborará y mantendrá actualizado un inventario de suelos o terrenos contaminados radiológicamente y de suelos o terrenos con restricciones de uso".

¿Qué implicaciones tiene esto? De entrada, que vamos a saber qué ha pasado durante estos 60 años en la costa de Palomares, donde en 1966 EEUU "perdiera" cuatro cabezas termonucleares (dos de las cuales no se pudieron recuperar completamente). Pero, en realidad, eso es lo de menos: recordemos que, hoy por hoy, España tiene al menos seis zonas de riesgo radiológico y no tenemos herramientas normativas para garantizar la seguridad de las personas, animales o cosas de sus entornos.

Hablamos de zonas del cauce del Jarama, varias áreas del estuario de río Tinto, el paraje murciano de El Hondón o el embalse tarraconense de Flix. No hay que olvidar, por ejemplo, que históricamente la provincia de Huelva ha sido uno de los lugares de España con mayor tasa de cáncer y que eso se debe precisamente a esto. No es un olvido administrativo sin importancia, es un problema enorme.

España tiene que tomarse en serio el problema de la radioactividad. Porque, en efecto, el catálogo de suelos no es una anécdota. Durante décadas, el país ha ignorado ese enorme problema de salud pública que constituye el gas radón en amplísimas partes del país. No hay una justificación racional a esta desidia institucional.

Más aún, cuando, como en el caso de los suelos, está legalmente obligada a tomar medidas. Ahora solo queda esperar que esta disposición llegue a cumplirse. No sería la primera vez que una iniciativa de este tipo queda olvidada, de nuevo, en un cajón.

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Xataka

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