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Los Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP) están en el centro de la conversación sobre cómo los gobiernos pueden potenciar su impacto en la promoción de un crecimiento sostenible y equitativo en América Latina y el Caribe.

Estos sistemas son responsables por la gestión estratégica de las inversiones públicas en los gobiernos desde su planificación y ejecución hasta la medición de su impacto. Es por eso que desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) trabajamos de la mano con los gobiernos de la región en una agenda para fortalecer estos sistemas, que son responsables por la gestión de inversiones que representan aproximadamente 4.45 % del PIB regional[1].

En este blog compartiremos las principales conclusiones del XII Seminario de la Red de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública de ALC (Red SNIP), un evento anual apoyado por el BID y cuyo anfitrión fue la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Honduras (SEFIN).

El evento híbrido se llevó a cabo en julio de 2024 y contó con la participación de 400 personas, incluyendo los responsables de la inversión pública de 16 países de la región, además de diversos expertos internacionales y funcionarios públicos.

Durante el evento, los participantes discutieron cuatro áreas estratégicas de acción para avanzar en la agenda de fortalecimiento de estos sistemas, que discutiremos a seguir.

Área de Acción 1: Optimizar la ejecución de inversiones a través de una gestión presupuestaria y de contrataciones eficiente

Uno de los temas claves en el encuentro se centró en la ejecución de las inversiones públicas. En esta fase, la relación entre la gestión presupuestaria, la gestión de contrataciones para infraestructura y la inversión pública es crucial para lograr una asignación más eficiente de los recursos necesarios, optimizar tiempos y costos durante la ejecución, garantizando así el impacto y los resultados de las inversiones públicas.

Entre algunos de los aspectos claves para fortalecer la vinculación entre la gestión de la inversión pública, el sistema presupuestario, se destacaron los siguientes:

Priorización de proyectos incluyendo criterios económicos, sociales y ambientales. En un contexto de recursos escasos, se debe asegurar una selección de proyectos de alta calidad que permitan no solo el desarrollo económico sino también promover la equidad, asegurar infraestructura resiliente y alineada a la ruta de descarbonización. Con eso los gobiernos pueden garantizar el mayor valor por dinero en la inversión pública. Para lograr este objetivo, los SNIP necesitan fortalecer sus metodologías y procedimientos para mejor priorizar los proyectos.

Planificación multianual de inversión pública en un marco de sostenibilidad fiscal. Se sugiere establecer una planificación territorial de la inversión pública a través del levantamiento de carteras de proyectos a mediano plazo con planes de inversiones plurianuales que se encuentren dentro del marco de sostenibilidad fiscal y respeten las reglas fiscales de gasto.

Seguimiento rutinario a la ejecución. Monitorear de manera sistemática la ejecución de los proyectos permite identificar y corregir desviaciones de manera oportuna, garantizando que se cumplan los objetivos y plazos establecidos dentro de los costos estimados. Para ello, los SNIP pueden establecer indicadores claves para reportes de ejecución, acompañamiento a las unidades ejecutoras para la gestión de riesgos en la ejecución, así como el desarrollo de mecanismos de escalamiento de información. Las oficinas de inversiones y las de presupuesto son actores clave en este seguimiento.

Como parte de la discusión sobre ejecución de la inversión pública, los países que participaron del evento compartieron sus experiencias de innovación para la contratación en infraestructura.

En este contexto, se discutió como ejemplo de innovación, el uso de contratos estandarizados, los cuales permiten reducir de costos de transacción, mejorar las opciones del mercado, lograr una asignación equilibrada de riesgos y facilitar la comprensión de los términos y condiciones contractuales, reduciendo el potencial de malentendidos y disputas.

Sin embargo, el uso de estos contratos plantea desafíos para el sistema que van desde la necesidad de un ajuste en la legislación local, fortalecer las capacidades y conocimiento de las unidades ejecutoras, así como un entendimiento y adaptación cultural tanto a nivel institucional como entre los actores del mercado.  

Área de Acción 2: Integración de la perspectiva de género en la inversión pública

Las inversiones públicas representan una oportunidad única para abordar y reducir las desigualdades entre hombres y mujeres. En el seminario se mostró cómo varios países fuera de la región, tales como Australia, España, Australia, Noruega y Suecia, vienen incorporando la perspectiva de género en la gestión de inversiones a través de mecanismos de coordinación, metodologías en la formulación, en la planificación estratégica, y en sus informes de impacto, etc.  

Como se ilustra en la Figura 1, la integración de la perspectiva de género puede y debe reflejarse en cada etapa del ciclo de la inversión pública. En la fase de planificación, algunos países establecen comités y/o comisiones de género sectoriales que participan en la discusión y definición de las estrategias y acciones prioritarias.  Asimismo, durante la formulación y evaluación de proyectos, es esencial desarrollar guías, análisis y evaluaciones que incluyan indicadores y criterios diseñados para cerrar las brechas de genero existentes. Chile es uno de los países de la región que ya ha desarrollado orientaciones para la formulación y evaluación de proyectos con perspectiva de género y pudo compartir su experiencia durante el seminario.

Figura 1. Incorporación de la perspectiva de género en el ciclo de la inversión pública.

Fuente: Rosana Rivera (2024). Ponencia “Orientaciones metodológicas para la incorporación de la perspectiva de género en las inversiones públicas”.

Área de Acción 3: Identificación de inversiones verdes y su financiamiento

La transición hacia inversiones resilientes y descarbonizadas será impulsada por la adopción de herramientas e instrumentos que ayuden a identificar las inversiones con impactos sobre el medio ambiente y faciliten la captación y el financiamiento verde. El seminario permitió compartir experiencias sobre estas herramientas, entre las cuales se discutieron las taxonomías verdes.

La aplicación de las taxonomías verdes en el sector público puede ayudar al rastreo de inversiones y gasto público verde, además de ser útiles para la emisión de bonos temáticos y la estructuración de portafolios de proyectos de inversión.

Además, otros instrumentos como los marcadores presupuestarios asociados a cambio climático son útiles para integrar de igual forma la dimensión climática en la planificación y gestión de las inversiones públicas. En este último aspecto, el seminario contó con la presentación del caso de marcación verde en Honduras. Estos mecanismos no solo apoyan la planificación a largo plazo, el seguimiento y la evaluación del gasto relacionado con el cambio climático, sino que también fortalecen la capacidad institucional para reportar y gestionar de manera efectiva los recursos destinados a proyectos verdes.

Área de Acción 4: Priorización de inversiones con criterios de cambio climático

El cambio climático exige adaptar las metodologías y la gestión de los SNIP. En esta línea, el BID, la Plataforma Regional de Cambio Climático de Ministerios de Hacienda, y la Red SNIP se han comprometido a mejorar la calidad de vida en la región mediante inversiones públicas más sostenibles.

Por ello, por primera vez, el seminario de la Red SNIP desarrolló un día eminentemente práctico. Durante el tercer día del encuentro, se realizó un taller con 16 directores de inversión pública, quienes participaron en un ejercicio práctico para priorizar inversiones considerando criterios climáticos, institucionales, sociales y económicos. Este ejercicio fue de vital importancia recoger insumos que alimenten la elaboración de una Guía práctica de priorización de inversiones incluyendo consideraciones climáticas, cuya publicación será de utilidad para los SNIP de la región.

El ejercicio de priorización utilizando criterios de cambio climático, dejó claro que los SNIP enfrentan tres retos principales en esta línea:

• El fortalecimiento de los sistemas de inversión y la generación de información clave para la priorización. Los SNIP deben ofrecer un marco sólido y coherente que facilite y genere información suficiente para la evaluación y priorización de proyectos de manera sistemática y transparente, incluyendo información e indicadores climáticos.
• Construcción de capacidades institucionales. Es crucial actualizar las metodologías de priorización para incluir aspectos de adaptación y mitigación. Sin embargo, su efectividad y aplicación depende en gran medida de las capacidades institucionales disponibles. Esto incluye el desarrollo de habilidades técnicas y la disponibilidad de recursos adecuados para aplicar los criterios de forma adecuada.
• La reconciliación de visiones y consenso. La convergencia de distintas perspectivas requiere diálogo abierto y colaboración, lo que fortalece la calidad de los proyectos seleccionados.

Conclusión

En conclusión, el Seminario XII de la Red SNIP subrayó la importancia de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública para un desarrollo sostenible e inclusivo.

La integración de criterios climáticos, perspectiva de género y la vinculación con sistemas presupuestarios y de contrataciones son clave para una inversión efectiva. El éxito depende de una base institucional sólida, un marco normativo adecuado y un diálogo constante. En este contexto, la cooperación regional y el intercambio de experiencias son esenciales para maximizar los beneficios sociales presentes y futuros.

Bajo el liderazgo de la nueva presidencia de la Red: el SNIP de Honduras, en coordinación con las vicepresidencias de la Red, el SNIP de República Dominicana y el SNIP de Paraguay, la Red ha acordado una batería de temas y productos para ser incluidos en su plan de trabajo. Para conocer más sobre la Red SNIP y el seminario, por favor ingrese a: Observatorio Red SNIP.

Conoce más sobre el trabajo del BID en gestión fiscal.

[1]. Cifra correspondiente al año 2022. Para más información, ingrese al dashboard sobre inversión pública de la plataforma FISLAC: https://fislac.com/report-public/public-investment/

Roberto Arana Fierros

Roberto Arana es un consultor de la División de Gestión Fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en áreas de gestión financiera publica, capacidad institucional del Estado y gobernanza. Ha trabajado para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en temas de política regulatoria, y para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD). Asimismo, cuenta con una sólida experiencia en el sector público mexicano, a nivel nacional con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y en el gobierno estatal de Jalisco, en áreas de planeación, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Roberto posee una licenciatura en Estudios Políticos y de Gobierno por la Universidad de Guadalajara. Cuenta además con un máster en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, y un postgrado en Diseño y Evaluación de Políticas Públicas por la Universidad Pompeu Fabra.

Zoila Llempén

Zoila Llempén es economista y especialista de la división de gestión fiscal del BID en Washington DC, enfocándose en temas de inversión pública. Previo a su incorporación en el BID, Zoila se desempeñó más de 10 años como funcionaria pública en el gobierno peruano en diversos ministerios. Como parte de su experiencia, Zoila fue Directora de Calidad de Gasto Público, encargada de la implementación de los instrumentos de presupuesto por resultados, y Directora General de Presupuesto Público en Perú durante la pandemia. Zoila tiene un máster en Administración Pública y Desarrollo Internacional por la Universidad de Harvard.

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Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Trabajamos para mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe. Ayudamos a mejorar la salud, la educación y la infraestructura a través del apoyo financiero y técnico a los países que trabajan para reducir la pobreza y la desigualdad. Nuestro objetivo es alcanzar el desarrollo de una manera sostenible y respetuosa con el clima. Con una historia que se remonta a 1959, hoy somos la principal fuente de financiamiento para el desarrollo para América Latina y el Caribe.