Documental sobre Berta Cáceres: «Berta Vive» - Fuente: Plataforma agrariahn

Fue entregado en concesión por veinte años a una alianza comercial conformada por la compañía hondureña DESA, la china Sinohydro y la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial. A pesar del rechazo rotundo de la comunidad —que consideraba al proyecto como una amenaza a su modo tradicional de vida y a su acceso a agua, comida e hierbas medicinales—, las obras comenzaron.

Así, desde 2013, una campaña de protesta liderada por el COPINH (en cabeza de Berta) efectuó protestas contra el proyecto y bloqueó el acceso a la construcción por más de un año. A su vez, las compañías participantes, la policía y los militares iniciaron una campaña sistemática de represión, acoso y amenaza contra los manifestantes, criminalizándolos y presentándolos como violentos y peligrosos. El 15 de julio de 2013 militares abrieron fuego contra una manifestación pacífica, matando al líder Tomás García e hiriendo a tres manifestantes más. En 2014 otros dos dirigentes fueron asesinados y tres manifestantes heridos. Berta y varios dirigentes indígenas fueron acusados de usurpación, daños continuados y coacción, emitiéndose una medida de prisión preventiva.

Esta situación explosiva llamó la atención de Amnistía Internacional y otras organizaciones, las cuales denunciaron el clima hostil contra los defensores de derechos. La intensa presión llevó a Sinohydro y la CFI a retirarse del proyecto, aunque DESA persistió en continuar y trasladó las obras a otro lado del río para evitar bloqueos. Asimismo, se retiraron los cargos contra Berta y los otros dirigentes. Los esfuerzos de la activista en pro de su comunidad y territorio fueron reconocidos en abril de 2015 con el premio Goldman Environmental, el máximo galardón mundial en temas ambientales.

Por desgracia, las amenazas contra su integridad física no terminaron allí. En diversas entrevistas —la concedida a Dick y Mirian Emanuelsson en diciembre de 2013 y a CNN en 2015—, Berta denunció la persecución del gobierno hondureño contra las etnias indígenas y el robo de sus tierras ancestrales en favor de concesiones desmedidas a proyectos minero-energéticos perjudiciales para el medio ambiente y las comunidades que los habitan.

Estas intimidaciones fueron tan intensas que la madre y los hijos de Berta se vieron obligados a abandonar Honduras. Ella misma tomaba precauciones extremas para preservar su vida, incluyendo dormir cada noche en lugares distintos, no realizar presentaciones públicas, estar siempre acompañada y hablar muy poco por teléfono. Desafortunadamente, nada de eso fue suficiente.