Segmentación y clasificación de las universidades en Chile: desventajas de inicio y efectos de las políticas públicas de financiamiento

Segmentation and classification of universities in Chile: disadvantages from the start and effects of public financing policies

El presente trabajo examina cómo las políticas públicas de financiamiento destinado a las universidades estatales y privadas del Consejo de Rectores (CRUCH) en Chile han generado una segmentación económica y territorial, debido a la focalización de recursos económicos entregados históricamente a cada una de las instituciones, bajo instrumentos de financiamiento que se han mantenido por más de treinta años en el sistema, independientemente de las coaliciones y políticas gobernantes. Un análisis de correlación de variables de financiamiento actual, con datos 2011-2012, confirma las asimetrías y desigualdades entre las instituciones, especialmente para las universidades estatales de regiones, constatando sus “claras desventajas de inicio” por la entrega de recursos basales en un sistema de financiamiento a la oferta, destacando el mayor aporte otorgado a las universidades de mayor complejidad, mezclando instrumentos de financiamiento directos con subsidios a la demanda, becas y créditos, en un sistema altamente competitivo, impactando en el posicionamiento, clasificación, reputación y la percepción social sobre el prestigio de los planteles.

INTRODUCCIÓN

Las clasificaciones en el campo de la educación superior chilena operan como un poderoso mecanismo de inclusión y exclusión de un círculo de ventajas y privilegios [1]. Estos sistemas de clasificación tienden a ser una referencia significativa en el marco del diseño de políticas públicas y reformas institucionales. La reforma educativa de los años 80 marcó el inicio de procesos de profunda privatización que constituyeron al sistema de educación superior en un mercado cuyas características principales son la ausencia de regulaciones, competencia y la liberalización de la oferta y de la demanda [2].

Los aportes financieros a las universidades desde 1981, según lo dispuesto en el Decreto Fuerza de Ley N° 4 de 1980 y en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 1783 [3], se concentran institucional y territorialmente, generando pisos distintos entre las universidades al interior del Consejo de Rectores (CRUCH), que se traducen en "ventajas de inicio" [4] que favorecen a algunas, es decir, a políticas horizontales que incentivan la competencia están en mejores condiciones para competir y producen, obviamente, exclusión en el acceso a fondos, respaldadas en su trayectoria, capital humano, capacidad investigativa, capital social, infraestructura y madurez institucional. Estas universidades han fortalecido sus actividades y equipos humanos con el tiempo, y por eso acceden nuevamente a mayores recursos que posibilitan continuar su fortalecimiento. Asimismo, gozan de una reputación y prestigio que les permite ser selectivas, lo que repercute positivamente en la situación financiera de estas. Es decir, un círculo vicioso sustentado en una distribución histórica inequitativa, donde el financiamiento estatal basal es un factor determinante de esta segmentación.