El costo de capital en proyectos de infraestructura civil básica (IB) Un ejemplo práctico: el WACC para una concesión aeroportuaria

The cost of capital in projects of basic civil infrastructure (IB) A practical example: WACC for a airport concession

La evidencia tanto teórica como empírica consignada de manera sistemática por autores como Crampes & Estache (1998), Estache (2001), Guasch (2001), Boeuf (2003), así como estudios sectoriales realizados recientemente por el Banco Mundial (World Bank-2003) muestran que por su complejidad en ejecución, su nivel de riesgo y su alta inversión, los proyectos de Ingeniería en Infraestructura Básica (IB), tales como inversiones en Infraestructura Vial, Transporte Masivo, Energía, Agua, Aeropuertos, etc., suelen desarrollarse en el marco de una alianza adecuadamente estructurada entre el sector público y el sector privado. Esto es particularmente cierto en economías emergentes, como la colombiana, en las que los gobiernos sufren de un déficit presupuestal endémico y la eficiencia y capacidad de asumir riesgos por parte del Estado está severamente limitada por los niveles de “rent-seeking” y el marco legal de las responsabilidades y riesgos de los funcionarios “públicos”.

Ahora bien, esta alianza entre el sector público y el sector privado puede tomar diferentes formas a las que genéricamente la "jerga" económica clasifica bajo la sigla de "PPP" (public-private-partnership). Sin embargo lo cierto es que la tendencia mundial actual va en la dirección de privatizar sectores "concesionar" en manos privadas la inversión y operación de IB¹.

La idea básica de las concesiones es permitirle al sector público transferir los riesgos propios de los proyectos de IB (riesgo de inversión, riesgo de construcción, riesgo de operación, riesgo de financiación) a manos del privado, quien a cambio de asumir dichos riesgos es compensado económicamente a través de la remuneración contractualmente establecida que usualmente se extiende por un período típico de 20 a 30 años.

El Estado por lo tanto se "apalanca" en la lógica y los incentivos de los inversionistas privados que no son más que la lógica y el incentivo económico de "tomadores" de riesgos que buscan a cambio un retorno esperado que compense los riesgos asumidos. Lo anterior permite, por tanto, que el sector público se concentre en su real función de gobierno que debería ser la de promover, mediante una adecuada regulación, el desarrollo armónico de los sectores de IB sobre los que recae en gran medida, no sólo la competitividad internacional de un país, si no mas importante aún, la calidad de vida de sus habitantes.

Ahora bien, en esta sana división de funciones y riesgos entre el público y el privado, resulta obvio que una piedra central de cualquier estructuración en el marco de los PPP sea la respuesta a la pregunta: ¿Cuál es la remuneración "justa" a que debería tener derecho el privado por los riesgos que asume? Esta pregunta puede igualmente plantearse desde la perspectiva del actor público: ¿Cuál debería ser el precio a pagar por parte del Estado por transferir los riesgos propios de la inversiones de infraestructura a manos de un privado? O más directamente, ¿Cuál es el precio de mercado del riesgo de un proyecto de IB?