La implantación del Sistema Penal Acusatorio en Colombia: Un estudio multidisciplinario

The implementation of the adversarial criminal justice system in Colombia: A multidisciplinary study.

El Acto Legislativo No. 03 del 19 de diciembre de 2002 modificó la Constitución de 1991 y estableció el Sistema Penal Acusatorio en Colombia. Este es, tal vez, el cambio más complejo sufrido en la administración de justicia durante la última década. La implantación del nuevo sistema implicaba modificaciones de fondo en la rama judicial, la defensoría penal pública, la fiscalía general de la nación y los órganos de policía judicial. Para diseñar el detalle del proceso de cambio, la Comisión Interinstitucional para la Implantación del Sistema Penal Acusatorio abrió un concurso público que fue adjudicado a la Universidad de los Andes en unión temporal con el Instituto Ser de Investigación. Este artículo presenta un escueto recuento de la forma en que se desarrolló este trabajo multidisciplinario dirigido desde el Departamento de Ingeniería Industrial.

EL PROBLEMA

UNA MIRADA CRÍTICA A LA JUSTICIA PENAL COLOMBIANA

Suele afirmarse que el sistema judicial es uno de los pilares del estado social de derecho puesto que sirve de garante de los deberes y derechos ciudadanos acordados en la Constitución Nacional de un país. Los ciudadanos colombianos, sin embargo, no parecen respaldar esta afirmación a pesar de que aparece explícitamente en la Constitución Política de 1991. En efecto, en su mayoría no creen ni confían en su sistema judicial y, en lo posible, no hacen uso de éste para dirimir sus controversias. Según el estudio sobre justicia adelantado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) como parte de la Encuesta Nacional de Hogares, cerca del 70 % de los delitos no son denunciados a las autoridades competentes. La principal razón para no acudir al sistema judicial es el convencimiento de que éste, simplemente, "no opera".

Si se compara la percepción del nivel de confianza ciudadana en sus instancias judiciales, se observa que Colombia (con un índice de 1,0) se encuentra por debajo de países como Estados Unidos (con un índice de confianza de 5.5), Canadá (que tiene el mayor índice de 6,0) e incluso de algunos países más cercanos cultural y económicamente como sus vecinos de región (ver Cuadro 1). En este cuadro también es posible apreciar una correlación negativa entre este índice y la taza de homicidios por cien mil habitantes. En Canadá, con el índice de confianza más elevado del continente (6,0) la taza de homicidios por cien mil habitantes es de 4,1; mientras que para el caso colombiano (con el índice de confianza más bajo), esta taza es de 70 homicidios por cien mil habitantes (un poco más de 17 veces mayor).

Según el Censo Nacional de Expedientes realizado por la Fiscalía General de la Nación en Abril de 1999¹, un proceso penal tardaba en promedio tres años y medio en concluir desde el momento en que la denuncia era interpuesta; la mayoría de estos procesos permanecía la mayor parte de su tiempo en una fase de investigación previa. Por otra parte, cerca de la mitad de los reclusos en los establecimientos carcelarios permanecía en promedio dos años sin haber sido formalmente condenados, en abierta con tradición con el principio generalmente aceptado (especialmente en los estados sociales de derecho) de presunción de inocencia².