Knowledge Politics in Environmental Conflicts: A Case from Brazil

La política del conocimiento en los conflictos ambientales: un caso de Brasil

Tras grandes conflictos y desastres ambientales, los proyectos económicos, en particular las inversiones a gran escala en minería o energía hidroeléctrica, están hoy en día sujetos a leyes y reglamentos ambientales rigurosos. La aplicación de las normas y reglamentos tiene lugar en la administración pública y en los tribunales e incluye evaluaciones de impacto ambiental (EIAs), procesos de concesión de licencias y litigios en los tribunales. En este contexto, se supone que la toma de decisiones se basa en un razonamiento racional y en conocimientos e informaciones supuestamente científicas e imparciales. Así, los derechos de los ciudadanos en los conflictos ambientales y la aplicación efectiva de estos derechos en procesos de contestación administrativa, judicial y política dependen en gran medida del conocimiento, de la información y de las formas en que se producen, interpretan y valoran en la interacción entre las personas afectadas y los inversores, los expertos y no expertos, los burócratas, los profesionales del derecho y los ciudadanos. La discusión política se convierte en una disputa aparentemente técnica. El presente texto se basa en un estudio cualitativo de los conflictos en torno al establecimiento del proyecto minero a gran escala Minas-Río, en Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brasil, realizado en 2014-2015. Se describe la naturaleza problemática de la producción de información y conocimiento en un contexto político-económico dado y las disputas en torno a la validez de los resultados aparentemente científicos que surgieron en el proceso de concesión de licencias ambientales. Los estudios ambientales y sus evaluaciones técnicas se basan en supuestos cuestionables y a menudo carecen de datos de referencia precisos. La falta de recursos públicos para la investigación independiente hace que las agencias ambientales dependan de los servicios y de la información proporcionada por las compañías mineras. Aparte de esta forma de colaboración, la priorización de conocimientos supuestamente científicos y expertos, las trayectorias profesionales del personal de las agencias y la presión de políticos que favorecen la minería, conducen a la adopción arbitraria de datos, información y conocimientos proporcionados por las mineras y/o las empresas consultoras empleadas por ellas. Al mismo tiempo, la información proveída por las personas afectadas y los ambientalistas queda al margen. De esta manera, los derechos básicos del ciudadano y del ambiente, así como los derechos a la información sobre el medio ambiente y a la participación en los procesos de concesión de licencias, garantizados en la Constitución y la legislación ambiental brasileñas, se vuelven ineficaces.

Introducción

La lucha mundial por los recursos naturales, combinada con el agotamiento de los depósitos minerales más antiguos y consolidados, ha ido empujando las fronteras de la minería a las zonas rurales profundas del Brasil, lo que afecta a las comunidades que aún no forman parte plenamente de los mercados y las cadenas de productos básicos mundiales. Un buen ejemplo de esta dinámica es la mina a cielo abierto del proyecto de explotación de mineral de hierro de Minas-Río, situado en Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas y Dom Joaquim (Minas Gerais). 

El caso es paradigmático para el reciente avance de las industrias extractivas en el país después de 2000, durante el auge de los productos básicos, y suscitó una considerable atención pública y científica (Milanez y Santos, 2018; PoEMAS, 2015, pág. 80; Zhouri, 2014). 

La imposición de los costos ambientales y otras "externalidades" de las actividades económicas en gran escala sobre las comunidades locales (Martínez-Alier, 2001, pág. 159) a menudo fomenta la aparición de movimientos de resistencia y conflictos. En los escenarios de conflicto típicamente relacionados con las industrias extractivas, los investigadores anteriores informan con firmeza de violaciones de derechos (Ferreira, 2015; Pereira et al., 2013; Zhouri, 2014) como la eliminación o la limitación considerable del acceso de las comunidades a la tierra y el agua, por no mencionar otros impactos sociales, la afluencia de población inter alia, el aumento del costo de la vivienda y la vida o el incremento de la delincuencia (Hilson, 2002).